134  familias de la comunidad Las Flores, ubicada en el municipio de San Luis Talpa, reciben sus títulos de propiedad gracias a un proceso coordinado entre el Instituto de Legalización de la Propiedad, Fondo Nacional de Vivienda Popular y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Estas nuevas familias propietarias son el resultado del esfuerzo del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y el  ILP, con la finalidad de brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias que por más de 30 años han anhelado las escrituras de los lotes que habitan.

Con este esfuerzo interinstitucional se está cumpliendo el Decreto Legislativo N°92 y sus reformas, que permitió a CEPA otorgar en donación a FONAVIPO el inmueble donde están asentada las familias, para su posterior transferencia.

El proyecto fue calificado el 22 de abril de 2008, por el VMVDU como parcelación habitacional de desarrollo progresivo, con ello se obtiene la factibilidad para iniciar el proceso de legalización. El censo de los habitantes fue realizado por FONAVIPO y VMVDU.

El ILP brindó la asistencia técnica y jurídica con el levantamiento de información socioeconómica, levantamiento de información del inmueble, medición, procesamiento de planos, amojonamiento y tramitología de permisos con las instituciones competentes, análisis jurídicos, escrituración  e  inscripción ante el CNR. La inversión del ILP en el proceso de legalización es de aproximadamente US$116,550.00. Financiado con fondos del Gobierno de El Salvador (GOES).

Este día, las primeras 134 familias recibirán su escritura de propiedad, mientas que 124 familias están pendientes de completar la documentación en FONAVIPO, para continuar con el proceso de legalización.  Las familias cumplen el sueño de obtener la seguridad jurídica de sus inmuebles.

Dentro de las prohibiciones que establece el decreto 92 a los beneficiarios de los inmuebles desafectados es transferir los bienes adjudicados dentro del plazo de los 10 años contados a partir de la fecha de escrituración.

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