ILP brindó seguridad jurídica sobre la tierra que habitan las familias de escasos recursos de la Comunidad “Aguacachala”.

ILP brindó seguridad jurídica sobre la tierra que habitan las familias de escasos recursos de la Comunidad “Aguacachala”.

15 familias obtuvieron sus títulos de propiedad gracias a un proceso institucional coordinado entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Instituto de Legalización de la Propiedad y el Fondo Nacional de Vivienda Popular.

La Comunidad “Callejón Aguacachala”, ubicada en el Cantón Pendiente Abajo, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz inició el proceso de legalización luego de ser aprobado el Decreto Legislativo No. 41, de fecha 10 de junio de 2009 y sus Reformas que contienen la Ley Especial para la Legalización de las Calles Desafectadas y Declaradas en Desuso. Dicho decreto dio la aprobación para que el inmueble que habitan las familias de escasos recursos económicos sea de su propiedad.

Las familias tienen 25 años de habitar el inmueble, en su mayoría provienen de los alrededores de Zacatecoluca que al no tener donde vivir se asentaron paulatinamente en la calle en desuso. Fue así que inició el trabajo coordinado entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, (VMVDU), Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) realizando visitas de campo, análisis jurídicos, registrales y catastrales; levantamientos topográficos, llevando a cabo demás gestiones necesarias para la aprobación y otorgamiento de permisos, brindando los servicios de medición y servicios notariales para la realización de la escrituración individual en el Registro.

Por su parte, FONAVIPO recibió del VMVDU la documentación de las familias a beneficiar a fin de revisar y proceder a la verificación de habitabilidad e ingresar los planos de los lotes al inventario del Fondo Especial de Contribuciones.

Una vez se completó la documentación, los expediente de las familias fueron enviados al ILP para su escrituración. Por su parte el ILP asumió el costo del  proceso de legalización que ascienda a $6,750.00, gracias al Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios Fase II financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Publicado por: Comunicaciones ILP