“Gracias a Dios me siento contento, feliz porque tengo 30 años de vivir aquí y a veces nos decían la gente que nos iban a sacar, pero ahora ya es de nosotros, nadie nos va a sacar y esta escritura es la que les va a quedar a mis hijos”, mencionó Jorge Antonio Flores de la Comunidad San Antonio Caminos I y II.
Las escrituras debidamente legalizadas e inscritas corresponden a 18 familias de la Comunidad San Antonio Caminos I y II, 18 familias de la Comunidad San José Obrero y tres familias en la Comunidad Estación Vieja, con la obtención de sus títulos de propiedad el ILP brinda certeza jurídica a aproximadamente 156 personas del departamento de San Vicente, en el marco del Programa BID Fase II Componente 3.
Con la aprobación del Decreto Legislativo Nº 41 y sus reformas a la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calles, de Carretera, de Derechos de Vías, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público, para ser Transferidos en Propiedad a las Familias de Escasos Recursos Económicos que las Habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular; las familias buscan el apoyo en la Alcaldía Municipal, diputados en la Asamblea Legislativa para solicitar que el tramo donde están ubicadas sus viviendas sea desafectado y con ello iniciar los trámites de legalización del inmueble en el ILP.
El Instituto de Legalización de la Propiedad inicia el trabajo de campo en julio 2012, con la inspección en campo en las tres comunidades, para verificar la situación real jurídica y registral del inmueble. Dichas inspecciones se realizaron en un esfuerzo conjunto con diferentes instituciones como: VMVDU, MOP, Alcaldía Municipal, FONAVIPO, GTUC, DACGER, residentes de la comunidad y miembros del ILP.
A partir del estudio realizado, las distintas instituciones gubernamentales determinaron que algunos lotes no procedían a hacer legalizados debido a que estaban ubicados en zona de riesgo o ubicados en derecho de vía y zona de retiro. Es así como en la Comunidad Estación Vieja de 17 lotes que integran la comunidad sólo tres lograron ser legalizados. Es importante mencionar, que a las familias afectadas se les comunicó y se les mencionó sobre las labores de mejoras que la GTUC y DACGER solicitan que se realicen para mejorar la condición de sus lotes y puedan éstos ser legalizados.
En el proceso de legalización las familias se beneficiaron con la reducción en los pagos de derechos de registros y aranceles de catastro ante el CNR al Calificar el ILP el Proyecto de Interés Social en 2013. La inversión en el proceso de legalización fue de aproximadamente 17,550.00 dólares a través de fondos BID Fase II Componente 3. Por su parte, las familias tuvieron que cooperar con la entrega de documentación personal para verificara su domicilio, su grupo familiar e información sobre los colindantes.
En el proceso de legalización las familias se beneficiaron con el trabajo de promotores, ingenieros, topógrafos, abogados y notarios que brindaron asistencia técnica y jurídica con el levantamiento de información socioeconómica, levantamiento de información del inmueble, medición, procesamiento de planos, amojonamiento y tramitología de permisos con las instituciones competentes, análisis jurídicos, escrituración e inscripción ante el CNR.
Las familias se asentaron en terrenos de propiedad del Estado de El Salvador a raíz de la Guerra Civil, algunas familias provienen de los alrededores de los municipios, mientras otros de la zona oriental y norte del país.
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Publicado por: Comunicaciones ILP
