El Director Ejecutivo del ILP, Ing. David Henríquez entrega el título de propiedad a don Mauricio Bermúdez Joya, quien tiene 26 años de vivir en la comunidad y que este día es legítimo dueño de la tierra en la que habita.
El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) entrega 65 títulos de propiedad a familias residentes en la “Comunidad 27 de agosto” del municipio de San Dionisio, departamento de Usulután. La inversión en el proceso de legalización asciende a $29,250 financiado con fondos GOES y del Programa Vivienda Fase II, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por más de 24 años las familias de la Comunidad “27 de agosto” vivieron en incertidumbre jurídica al habitar sus lotes sin poseer escrituras debidamente inscritas.
El proyecto habitacional surge bajo el sistema de ayuda mutua entre las familias que resultaron damnificadas a causa de la Tormenta Gilberto en 1988 y la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), propietaria del inmueble. La comunidad junto a FUNDASAL construyeron 118 viviendas, de las cuales únicamente lograron escriturar 19, las familias decidieron nombrar la comunidad con la fecha en que sucedió el desastre natural que destruyó sus hogares.
En 2012, las familias buscan asesoría del ILP relacionada con el proceso de legalización de sus inmuebles, encontrando respuesta del Instituto, dando comienzo al proceso con las primeras inspecciones en campo para verificar la situación real jurídica y registral del inmueble y los diagnósticos. A partir del estudio se determinó que la comunidad cuenta con cinco áreas verdes, dos equipamientos sociales, un lote de uso futuro, agua potable domiciliar y energía eléctrica y servicios de letrina.
A partir de ahí, se mantiene una comunicación constante con la comunidad para continuar con la recolección de documentos, inspecciones y mediciones topográficas, diligencias notariales, tramitologías de permisos hasta la inscripción de los documentos de propiedad. Debido a que la Comunidad “27 de agosto” fue calificada por el ILP como de Interés Social, las familias se beneficiaron con la reducción del 75% de pagos de aranceles de los derechos de Registro en el CNR.
La inversión pública en el proceso de legalización de las 65 familias fue de un aproximado de $29,250.00 desarrollado con fondos GOES y del Programa BID – Fase 2. Las familias se beneficiaron con el trabajo de promotores, ingenieros, topógrafos, abogados y notarios que brindaron asistencia técnica y jurídica con el levantamiento de información socioeconómica, levantamiento de información del inmueble, medición, procesamiento de planos, amojonamiento y tramitología de permisos con las instituciones competentes, análisis jurídicos, escrituración e inscripción ante el CNR.
La forma de adquisición de los lotes fue por compraventa a un precio de $1,142.86, y compra venta con mutuo hipotecario en aquello casos que las familias no han cancelado el valor del lote. Aun quedan pendiente de escriturar 10 lotes de vivienda y uno agrícola, por su parte el ILP ofrece su colaboración para la escrituración y asistencia, para ello las familias deberán coordinarse con FUNDASAL para agilizar trámites pendientes.
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Publicado por: Comunicaciones ILP
