Familias de la Comunidad “Las Margaritas” recibieron sus escrituras legalmente inscritas.
134 familias obtienen sus títulos de propiedad gracias a un proceso coordinado entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Fondo Nacional de Vivienda Popular y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.
El proceso de legalización para las familias inició luego de aprobado el Decreto No. 41, de fecha 13 de julio de 2009, con ello dando la aprobación para que las primeras 17 calles en desuso se desafectaran y fueran transferidas a las familias de escasos recursos económicos que las habitan y, fue así que, entre los primeros asentamientos se encontraba la Comunidad “Las Margaritas”.
El trabajo se realizó coordinado entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVPO) y Alcaldía Municipal de Santa Tecla ejecutando las visitas de campo, análisis jurídicos, registrales y catastrales; levantamientos topográficos, gestiones necesarias para la aprobación y otorgamiento de permisos, servicios de medición y servicios notariales para la realización de la escrituración individual en el Registro.
FONAVIPO, por su parte, recibió del VMVDU la documentación de las familias a beneficiar a fin de revisar y proceder a la verificación de habitabilidad e ingresar los planos de los lotes al inventario del Fondo Especial de Contribuciones. Una vez se completó la documentación, los expedientes de las familias fueron enviados al ILP para su verificación y escrituración.
Las familias beneficiarias bajo el amparo de Ley gozaron de la exención de pagos de los impuestos por las transferencias de los bienes inmuebles obteniendo un ahorro de aproximadamente $550 dólares por familia. Dicho costo se asumió gracias al Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios Fase 2 financiado por el Contrato de préstamo No. 2373/OC-ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos del Gobierno de El Salvador.
Ahora la comunidad solo tiene el recuerdo de la incertidumbre y zozobra que vivieron por más de 60 años al no poseer sus escrituras de propiedad que les validara el derecho de ser propietarios legítimos del inmueble que habitan y en el que han crecido dos generaciones que con esfuerzo han desarrollado otros proyectos para mejorar su calidad de vida; es así que la Comunidad cuenta con agua potable, energía eléctrica, servicio de recolección de basura y su casa comunal.
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Publicado por: Comunicaciones ILP
