El Director Ejecutivo del ILP, David Henríquez entrega a Claudia Irma Berríos su título de propiedad. Ella fue una de las 98 familias de la Comunidad San José Las Flores que a partir de ese día cuenta con seguridad jurídica.
98 familias de la Comunidad San José Las Flores, 36 de la Colonia Yosselyn y 55 de la Comunidad La Naranjera, del municipio de Tecapán, en el departamento de Usulután, recibieron el 10 diciembre las escrituras de propiedad de sus lotes debidamente registrados.
La inversión para los procesos de legalización ascienden a más de $85 mil, a través de un convenio entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Instituto de Legalización de la Propiedad, en el marco del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios Fase 2, que se ejecuta con fondos del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Los habitantes de la Comunidad San José Las Flores fueron afectados por los terremotos de 2001 y después de 12 años el proyecto fue catalogado de interés social, beneficiando a las familias con la reducción de aranceles, pagando únicamente $5.71 por derechos de registros.
La Comunidad San José Las Flores surge a raíz de los terremotos y su nombre se debe al apoyo recibido del municipio del mismo nombre en Chalatenango y su alcalde de ese entonces, Don Felix Lara. La comunidad también recibió el apoyo para la compra del terreno y construcción de viviendas permanentes por parte de organizaciones como Ayuda en Acción y Manos Unidas de España.
En todo el proceso de solidaridad para con las familias damnificadas siempre estuvo la gestión de la Hermana Teresa Rasilla, de la congregación Asunción, a quien los habitantes de la Comunidad San José Las Flores le está agradecida.
Por su parte, los habitantes de las Comunidades Yosselyn y La Naranjera, provienen de los alrededores del Cantón Paso de Gualache, que perdieron sus viviendas a raíz de los estragos ocasionados por el Huracán Mitch en 1998.
Para ellos la comuna de Tecapán les dotó del terreno para asentar a las familias, y para la construcción de las viviendas contaron con el apoyo de la Iglesia Ejército de Salvación. Los beneficiarios contribuyeron con la mano de obra.
De igual manera, para iniciar con el trabajo de legalización después de 12 años, estos asentamientos fueron catalogados como proyectos de interés social, por lo cual las familias se beneficiaron con la reducción de aranceles.
En el proceso de legalización, las familias se beneficiaron con el trabajo de promotores, ingenieros, topógrafos, abogados y notarios que brindaron asistencia técnica y jurídica con el levantamiento topográfico, trámites de aprobación de planos en el CNR, actos jurídicos de remedición del inmueble, DCB, escrituración individual y su inscripción en el registro de la propiedad y catastro.
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Publicado por: Comunicaciones ILP
