Otras Instituciones

El VMVDU es la entidad responsable de la ejecución de la Política Nacional de Vivienda. En este marco, la legalización de propiedades que realiza el ILP, constituye una de las necesidades principales a solucionar.

Con la firma de los Convenios de Ejecución y Transferencia de Fondos No Reembolsables con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), el ILP adquiere el compromiso de trabajar en tres componentes descritos a continuación.

Componente I

Subsidios para Vivienda Social, Subcomponente Emergencia Habitacionales

En este componente el Instituto de Legalización de la Propiedad participa en la realización de Informes Legales de los inmuebles de Nuevos Asentamientos Organizados (NAOS) o In Situ, estos últimos son lotes dispersos que están agrupados por un proyecto específico, para determinar las condiciones de factibilidad de legalizar el inmueble y/o lote a familias de bajos ingresos que cumplan con los criterios de elegibilidad de dicho componente por parte del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU). A través del informe legal, dichas familias son beneficiadas por el VMVDU con la construcción de vivienda nueva o con el mejoramiento de piso/techo.

Componente II

Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (MIAUP)

El ILP a través de los servicios de legalización que solicita el VMVDU contribuyó a mejorar la calidad de vida de 6,000 familias residentes en asentamientos urbanos de mayor pobreza en el país, en coordinación con el VMVDU.

El ILP, en este componente, suministra informes legales y técnicos y participa en el proceso de legalización, que conlleva la inscripción de documentos y otorgamiento de títulos de propiedad según lo requiera cada proyecto.

Componente III

Lotificación de Desarrollo Progresivo y Legalización de la Propiedad

El ILP está trabajando de la mano con el VMVDU para cumplir con un solo objetivo de país: con liderazgo gestionar y proporciona soluciones al ordenamiento territorial, la política de vivienda y al desarrollo de asentamientos humanos.

El Centro Nacional de Registro es socio estratégico en el proceso de legalización de propiedades que desarrolla el ILP.

El ILP mantiene convenio de cooperación con el CNR, por medio del cual se proporciona una Célula Registral que facilita la inscripción y publicación de derechos sobre inmuebles que benefician a proyectos de interés social.

FONAVIPO es parte integrante de la Política Nacional de Vivienda. La institución facilita subsidios y créditos a las familias de menores ingresos, que carecen de oportunidades habitacionales.

Entre ILP y FONAVIPO existe una relación segura, eficaz y responsable para velar por los intereses de las familias salvadoreñas más vulnerables que integran el déficit habitacional.

Ambas instituciones, creadas el mismo año, buscan generar mejor opciones de vida y desarrollo económico y social para las familias de menores ingresos.

El FSV es una institución de crédito autónoma, de Derecho Público, con personalidad jurídica, creada por el Decreto Legislativo No. 238 el 17 de Mayo de 1973. Nació como un programa de seguridad social en el que participan el Estado, los Patronos y los Trabajadores.

En el marco de sus compromisos con la sociedad salvadoreña, El Salvador asumió el compromiso de legalizar los inmuebles en las zona delimitadas por la Corte Interamericana de Justicia, para llevar a cabo dicho compromiso el ILP y el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribieron un convenio para iniciar el proceso de legalización a favor de más de 200 familias residentes del municipio de San Antonio del Mosco, departamento de San Miguel.

Con la entrada en vigor de los Fondos del Milenio (FOMILENIO II), un programa en el que se invertirán $365 millones, de los cuales $88 millones serán aportados por el Estado salvadoreño y $277 millones por la MCC, institución del gobierno de los Estados Unidos.

El ILP adquiere el compromiso a través de la firma de convenio de ejecución con FOMILENIO y el Ministerio de Educación para iniciar, en una primera etapa, con 200 diagnósticos que consisten en la investigación y recolección de información en campo y su confrontación con la información registral y catastral, definición de situación o estatus legal, propuesta de solución y la segunda etapa, en la legalización del inmueble, en aquellos que se requiera.

El ILP, como parte de su metodología de trabajo, a nivel local coordina directamente con las Alcaldías bajo la finalidad de promover la identificación de familias que carecen de legalización de sus propiedades.

La relación es clave para el cumplimiento de nuestra misión: facilitar procesos de legalización para familias de menores ingresos.

El ILP trabaja con cada una de las 262 alcaldías.

El ILP ha coordinado con organizaciones no gubernamentales, esfuerzos de apoyo a la legalización de propiedades de familias de escasos recursos económicos, que constituyen su población objetivo. Entre las organizaciones nacionales se encuentran: FUNDASAL, Fundación Hábitat, FUSAI, y otras. Entre las organizaciones no gubernamentales internacionales se tienen: CHF Internacional, CARE, Samaritan Purse, Save de Children, y otras.

En el trabajo diario coordinamos nuestras actividades de desarrollo, beneficiando familias de menores ingresos, a través de la cooperación con instituciones como Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Consejo Nacional para la Cultura y el Arte.

También se coordina con instituciones de desarrollo local que tienen entre sus facultades legales el otorgamiento de permisos de parcelación y urbanización de proyectos, tales como: OPAMSS, AMUSDELI, OPVSA, ODUAMSO, AMUSDELI, OPLAGEST, y gobiernos locales que disponen de planes de desarrollo local.

Un trabajo coordinado garantiza trámites de forma ágil y segura.

El compromiso del ILP es realizar el proceso de regularización y legalización a favor de las familias del municipio de Apopa inmersas en el Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles con la finalidad de garantizar seguridad jurídica de la tenencia de los inmuebles que habitan.

El Programa es financiado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Gobierno de España y ejecutado por tres agencias de Naciones Unidas: ONUDI, ONU-HABITAT y PNUD; en asocio con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, ILP y las municipalidades de Apopa y Santa Tecla.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado parte importante de los logros en materia de legalización de tierras mediante el Contrato de Préstamo para la Ejecución del «Programa de Vivienda Fase I».

El objetivo del Contrato BID, celebrado el día once de enero de 2002 entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, es cooperar en la ejecución de la primera fase del Programa de Vivienda.

El Programa ha beneficiado a más de 27 mil familias ubicadas en todo el territorio nacional.

El ILP ha trabajado de la mano con el FISDL bajo el Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador (PROARES) que recientemente ha finalizado.

El fin de este programa fue calificar beneficiarios y ejecutar los procesos de legalización de tierras de conformidad a la Ley Transitoria para agilizar diligencias de legalización de Derecho de propiedad o posesión a favor de las personas afectadas por los terremotos de 2001, en el marco del Convenio de Cooperación financiado por la Unión Europea (UE).

Específicamente, el Convenio disponía con el presupuesto de Treinta y Nueve Millones de dólares de los Estados Unidos de Ámérica, de los cuales Treinta y Dos Millones fue aportado por la Unión Europea y Siete Millones como contrapartida del Gobierno Central de El Salvador.

El alcance de la cooperación incluyó la construcción de viviendas permanentes, acompañamiento social e infraestructura básica. Así como, el financiamiento de los gastos de legalización de las escrituras de los beneficiarios del Programa.

La USAID ha financiado importantes programas relacionados con el apoyo a la legalización de propiedad: Programa PTT, PROSEGUIR y Programa de Reconstrucción post-terremoto de 2001.

Este financiamiento ha beneficiado a más de 70 mil familias.

Los fondos transferidos se destinan al desarrollo de las regiones más atrasadas, la reconversión de zonas industriales en declive, la asistencia al desempleo de larga duración y la inserción profesional de los jóvenes, la modernización de las estructuras agrícolas y la ayuda a las zonas rurales menos favorecidas.